Por Joao Acharan.
En 1995, los politólogos Mainwaring y Scully publicaban un estudio acerca de la institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina. En él, se argumenta que las diferencias más criticas entre los sistemas de partidos latinoamericanos es su grado de institucionalización, donde países como Venezuela, Chile, Uruguay, y otros, contaban con sistemas bien institucionalizados mientras otros como Perú y Bolivia contaban apenas con sistemas incipientes. Argumentaban que la importancia de un sistema de partidos institucionalizado se debe a su aporte a la consolidación democrática de los países debido a lo que implica: a) estabilidad en la competencia entre partidos, b) los que deben contar con raíces mas o menos estables en la sociedad, c) la aceptación de partidos y elecciones como las instituciones legitimas que deciden quien gobierna, d) y la existencia de organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables. De la utilización de algunos indicadores para medir estos 4 criterios de institucionalización, se agregan en un cuadro comparativo en los que Chile aparece entre los países con la puntuación más alta, destacando en el continente por tener un sistema de partidos altamente institucionalizado (1).
En 1995, los politólogos Mainwaring y Scully publicaban un estudio acerca de la institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina. En él, se argumenta que las diferencias más criticas entre los sistemas de partidos latinoamericanos es su grado de institucionalización, donde países como Venezuela, Chile, Uruguay, y otros, contaban con sistemas bien institucionalizados mientras otros como Perú y Bolivia contaban apenas con sistemas incipientes. Argumentaban que la importancia de un sistema de partidos institucionalizado se debe a su aporte a la consolidación democrática de los países debido a lo que implica: a) estabilidad en la competencia entre partidos, b) los que deben contar con raíces mas o menos estables en la sociedad, c) la aceptación de partidos y elecciones como las instituciones legitimas que deciden quien gobierna, d) y la existencia de organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables. De la utilización de algunos indicadores para medir estos 4 criterios de institucionalización, se agregan en un cuadro comparativo en los que Chile aparece entre los países con la puntuación más alta, destacando en el continente por tener un sistema de partidos altamente institucionalizado (1).
Sin embargo, desde eso hasta la fecha se ha ido acrecentando en el país los niveles de desconfianza en las instituciones, una amplia apatía política sobre todo entre la juventud, y un rechazo generalizado a la clase política en su conjunto. El hecho de que las negras cifras de desconfianza y rechazo ciudadano a los políticos no parezcan afectar el sistema de partidos, que se mantiene “funcionando bien”, se debe mas a un sistema electoral que le garantiza una mitad del Congreso a cada bloque político y un sistema de elección de candidatos al interior de cada partido que hace poco probable el ingreso de nuevos actores al sistema político. El sistema binominal y la nominación de candidatos en conjunto, construyeron un sistema congelado y previsible, que merman los niveles de representatividad del sistema político explicando el rechazo generalizado que genera en la ciudadanía. ¿Cuáles son los “peligros” para la “gobernabilidad democrática” de no resolver esta contradicción entre un sistema de partidos “institucionalizado” pero rechazado socialmente?
El país que lideraba el ranking de países con sistemas institucionalizados -publicado en 1995- hecho por Mainwaring y Scully ya mencionado, era Venezuela. Solo 4 años más tarde, el sistema de partidos colapsaba con el triunfo electoral de un outsider de la política tradicional. La Venezuela pre-Chávez puede tener algunas semejanzas con el Chile de hoy: un sistema de partidos estable y bipartidista, donde los partidos estructuran el proceso político y con bajos niveles de incertidumbre y volatilidad electoral, pero donde el abstencionismo, la apatía y la desconfianza caracterizan las actitudes políticas de los ciudadanos. El “peligro” para la “gobernabilidad democrática” de mantener el actual sistema de partidos estable, congelado y previsible pero con problemas de representatividad es el colapso del sistema (2).
Conscientes de este peligro, los sectores más lucidos de la clase dominante chilena impulsan una “Revolución pasiva” o “Revolución-restauración”, en términos de Gramsci, expresado en el pacto RN-DC “Un nuevo régimen político para Chile”. La revolución pasiva es para Gramsci una transformación desde arriba a través de la cual los poderosos buscan incorporar-neutralizar las demandas populares, pero resignificandolas y despojándolas de su radicalidad. Resulta paradójico, pero las clases dominantes buscan resolver sus crisis, garantizando la gobernabilidad enarbolando las banderas de cambio y transformación política y social, posicionándose como los promotores de esos cambios y estableciendo sus limites: no cuestionar su dominio político ni económico.
Las propuestas del documento elaborado por las directivas de RN y DC pueden resultar bastante atractivas para los sectores progresistas y de izquierda: potenciar los gobiernos regionales mediante la elección directa de los Presidentes del gobierno regional y los consejeros regionales, cambiar el sistema electoral por uno proporcional corregido, potenciar la calidad de la política con financiamiento publico de los partidos, primarias simultaneas y vinculantes y prohibición de reelecciones indefinidas, y avanzar hacia un semi-presidencialismo separando la figura del Jefe de Estado del Jefe de Gobierno (3), las que implican necesariamente cambios constitucionales hechos, como siempre en nuestra historia, mediante la negociación política en el Congreso de espaldas a la ciudadanía y no en una Asamblea Constituyente.
Un gran logro del movimiento social que sacudió Chile es la denuncia de la actual constitución como ilegitima y anti-democrática, quedando en el sentido común la necesidad de cambiarla a través de una Asamblea Constituyente, la que podría cuestionar no solo algunos aspectos limitados del sistema político y el sistema electoral como pretende la clase política, sino además acabar con los enclaves autoritarios que aun persisten, como las leyes de súper mayorías, reconocer la multiculturalidad del país, incluir mecanismos de democracia directa y otros de participación ciudadana como la iniciativa popular de ley y cuestionar la mantención del modelo neoliberal revirtiendo el sesgo neoliberal de la declaración de derechos, reconociendo derechos sociales, económicos y culturales, y facilitando el accionar del Estado en la economía. El pacto entre RN y DC surge frente a la posible radicalidad de una Asamblea constituyente que iría mucho mas allá que meros cambios políticos.
El peligro latente de esta reforma, es lo atractiva que puede parecerle a sectores progresistas y de izquierda. Es fácil enfrentar a las clases dominantes cuando predomina su faceta represiva, pero se hace difícil cuando se visten de democráticas y buscan impulsar transformaciones políticas limitadas para no perder su posición dominante, buscando dirigir el malestar hacia un nuevo pacto social que no cuestione su predominio político ni su situación económica. El debate que debe comenzar es como enfrentar esta ofensiva y reposicionar la Asamblea Constituyente como el espacio legitimo desde el cual debe surgir el nuevo régimen político que Chile necesita, haciéndose mas necesario que nunca que las organizaciones populares vayan mas allá que afirmar la necesidad de una nueva constitución, sino que se empiece a debatir desde ya cual será el contenido que queremos para esa Constitución. Ya hay algo de este camino avanzado, a través de la propuesta de proyecto elaborada por el Movimiento por la Asamblea Constituyente o las discusiones y documentos emanados de la Vía popular y de los pueblos a la constituyente, los que pueden ser buenos insumos para iniciar esa discusión.
Bibliografía.
(1) Mainwaring, Scott y Timothy Scully, 1995, La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina, Revista de Ciencia Política, Vol. XVII.
(2) Dockendorf, Andrés, 2010, El espejismo de la institucionalización: evolución del sistema de partidos en Venezuela (1958-1998). Visto en http://business.highbeam.com/165656/article-1G1-238176477/el-espejismo-de-la-institucionalizacion-evolucion-del 19 de enero 2012.
(3) Un nuevo regimen político para Chile, visto en http://static.latercera.com/20120118/1452609.pdf
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