Por Joao Acharan.
El ejecutivo presento un proyecto de reforma al sistema de financiamiento estudiantil. Este consiste en un sistema único administrado directamente por el Estado, sin mediación bancaria, que ofrece créditos que cubren el arancel de referencia, con un dos por ciento de interés anual que pagarán en 180 cuotas mensuales que no excedan el 10% de los sueldos de los futuros profesionales. Además, se establece que las instituciones educativas deben hacerse cargo de la diferencia entre el arancel real y el de referencia.
Esta iniciativa busca hacerse cargo de los altos niveles de endeudamiento que significa estudiar en la educación superior y eliminar la diferenciación entre estudiantes según el tipo de institución a la que pertenecen. Sin embargo, lo que busca presentarse como respuesta a las demandas estudiantiles puede tener consecuencias que empeoren su situación actual.
En primer lugar, se perpetua la lógica del financiamiento vía endeudamiento. La deuda con la banca privada se reemplaza por una deuda con el Estado en "mejores condiciones", pero bastante relativas. Las condiciones del nuevo crédito estatal son similares a las que se establecen para beneficiarios del CAE, excepto por la reducción de la tasa de interés a un 2%. Sin embargo, los beneficiarios con el Fondo Solidario se ven afectados: si actualmente pagan el 5% de su sueldo, con el nuevo crédito deberán pagar el 10%. Su situación se ve empeorada.
En segundo lugar, traspasar a las universidades la obligación de hacerse cargo de la diferencia entre el arancel de referencia y el real presenta un peligro de "bancarización" de las Universidades. Estas tendrán como alternativa: rechazar la matricula de estudiantes beneficiados dejando de recibir estos recursos de parte del Estado o, mucho mas probable, establecer su propio sistema de créditos, con condiciones mas perjudiciales para los estudiantes. Solo un ejemplo: actualmente, existe un convenio UC-Banco Santander que busca apoyar a los estudiantes en el financiamiento del arancel. Sin embargo, el crédito esta expresado en UF con una tasa de interés anual igual a la del crédito CORFO. Además, mientras estudia debe pagar los intereses del crédito y, un año después de egresado, debe pagar la deuda en un plazo de solo 8 años. Más y más endeudamiento.
Y por ultimo, se entregan recursos públicos sin ningún tipo de condición a malas instituciones privadas. Mediante el argumento de que no pueden existir estudiantes de primera y de segunda categoría, se propone un sistema de financiamiento único a todos los estudiantes sin importar la institución en la que estudien. Hoy, el 81% de los endeudados con el CAE pertenecen a Universidades Privadas. De esa cifra, más de la mitad de los estudiantes están en instituciones como Las Américas, Santo Tomás e INACAP. Ninguna de ellas hace investigación ni extensión. Ninguna de ellas tiene democracia interna.
Con esta propuesta solo se perfeccionan los mecanismos para el endeudamiento estudiantil y se justifica la entrega de recursos públicos a instituciones que lucran con la plata de todos los chilenos. ¿Ganaron los estudiantes?
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